Cuando el lenguaje cruza un límite democrático
Hay frases que, al escucharse, producen un rechazo inmediato. No porque resulten provocadoras ni porque contradigan una ideología concreta, sino porque confunden deliberadamente realidades distintas y las convierten en un mismo problema moral.
Cuando una persona con relevancia política habla de racistas, fachas y vividores como colectivos a los que hay que reemplazar, no está describiendo con precisión a quién se refiere. Bajo esas palabras caben situaciones muy diferentes: personas que no están de acuerdo con determinadas políticas migratorias, personas más conservadoras en lo cultural o lo social, personas críticas con el sistema, e incluso personas que simplemente no encajan en el marco moral dominante. Nada de eso es homogéneo. Nada de eso forma un bloque único. Precisamente por eso el lenguaje resulta tan inquietante. Porque no distingue.
El problema no es negar que existan conductas racistas, abusos o comportamientos reprobables. Existen y deben ser combatidos. El problema comienza cuando se deja de hablar de conductas concretas y se empieza a hablar de personas convertidas en categorías. Cuando las palabras dejan de señalar hechos y pasan a clasificar ciudadanos.
El vaciamiento del lenguaje político
“Facha” no es una ideología. No define un sistema de ideas ni una posición política precisa. En el uso actual es una etiqueta descalificadora, deliberadamente imprecisa, que sirve para englobar a cualquiera que resulte incómodo. No explica lo que alguien piensa ni lo que defiende. Sirve para invalidarlo como interlocutor legítimo.
“Racista” es un concepto serio y grave, ligado a la creencia en la superioridad de unos seres humanos sobre otros. Precisamente por eso, cuando se utiliza sin delimitar hechos ni conductas concretas, pierde su función ética. Deja de señalar algo que pueda corregirse y se convierte en una marca moral total, aplicada a personas enteras y no a actos.
“Vividor” completa el cuadro y revela el problema con especial claridad. No es una categoría política ni ideológica. Si significa aprovecharse del sistema, ese comportamiento puede darse en cualquier partido, en cualquier clase social y en cualquier espacio ideológico. Precisamente por eso su uso no responde a un análisis riguroso. Responde a otra lógica: designar a alguien como carga, como estorbo, como alguien que sobra.
Las tres palabras funcionan del mismo modo. No distinguen. No delimitan. No permiten réplica. Transforman individuos distintos en tipos humanos. Y cuando el discurso público empieza a hablar en tipos humanos, la ciudadanía deja de ser un conjunto de personas con derechos iguales y pasa a dividirse en aceptables e inaceptables. Hasta aquí, el lenguaje ya es preocupante. Pero hay un paso más. El decisivo.
Cuando a esos grupos así definidos se les atribuye un destino, cuando se introduce la idea de que deben ser reemplazados, el discurso cruza una línea democrática básica. Ya no se habla de convencer, integrar, corregir o exigir responsabilidades individuales. Se habla de sustituir personas. Reemplazar no es integrar. Reemplazar no es reconducir. Reemplazar no es convivir. Reemplazar significa que alguien sobra.
En una democracia, las ideas se combaten, las conductas se regulan y los delitos se sancionan. Pero las personas, por lo que son o por lo que piensan, no se reemplazan. Cuando un político introduce esta lógica, aunque sea de forma retórica, la política deja de ser gestión del conflicto y pasa a ser selección de ciudadanos válidos. Este lenguaje no necesita violencia para ser peligroso. No necesita leyes extremas. Le basta con normalizarse.
Lenguaje que agrava la vulnerabilidad
Además, tiene un efecto especialmente dañino en el plano emocional. Este tipo de discurso llega con fuerza a personas que ya vienen de contextos frágiles, marcadas por la precariedad, la exclusión o la sensación de no pertenecer. En lugar de reducir tensiones, las aviva. En lugar de integrar, refuerza la idea de enfrentamiento. Se ofrece una explicación simple y emocional: hay culpables claros, hay grupos que sobran, hay otros que deben ocupar su lugar.
Históricamente, los procesos autoritarios no comienzan con represión directa. Comienzan cuando el lenguaje público acepta que la sociedad puede mejorar eliminando simbólicamente a quienes no encajan. No importa qué grupo sea ni con qué justificación moral se presente. Importa el mecanismo: dejar de distinguir entre ideas, conductas y personas.
Por eso este modo de hablar resulta tan inquietante. No por exagerado, sino por familiar. Porque activa una lógica conocida y porque normaliza la idea de que hay ciudadanos sustituibles.
Las palabras no son inocentes. Preparan el terreno. Siempre lo han hecho. Y cuando una sociedad empieza a acostumbrarse a este lenguaje, no es porque sea más fuerte, sino porque ha empezado a normalizar lo que nunca debería ser normal.
