Separar es necesario cuando existe riesgo. Intervenir sobre la conducta también
Que sea la víctima de acoso escolar quien tenga que cambiar de colegio o instituto resulta difícil de justificar. Después de haber soportado intimidación, humillaciones o aislamiento, obligarla además a abandonar su entorno supone añadir otra pérdida: compañeros, profesores, rutinas y espacios conocidos. En ese sentido, que Andalucía establezca como regla general el cambio de centro del alumno responsable de determinadas conductas graves supone un cambio relevante de enfoque: la protección deja de recaer sobre quien ha sufrido el acoso.
Pero cambiar al agresor de edificio no equivale necesariamente a cambiar su forma de relacionarse.
El acoso escolar no suele consistir en una única conducta aislada. Puede incluir una forma repetida de obtener posición dentro del grupo mediante intimidación, desprecio, exclusión, control o humillación. En algunos menores aparecen además dificultades para regular la ira, interpretar las intenciones de los demás, tolerar la frustración o asumir la responsabilidad por el daño producido. En otros, el comportamiento está muy ligado al grupo y a la recompensa social que reciben cuando los demás ríen, callan o se suman. No existe, por tanto, un único “perfil del acosador”, y sería un error tratar a todos de la misma manera.
El problema puede viajar con él
Un cambio de centro puede ser imprescindible para detener una situación concreta y garantizar la seguridad de la víctima. Pero, si la intervención termina ahí, existe un riesgo evidente: que el alumno llegue a un nuevo entorno con los mismos recursos personales y las mismas estrategias de relación que utilizaba antes.
Esto no significa que vaya necesariamente a volver a acosar. Tampoco que exista una personalidad fija o irremediable detrás de estas conductas. En niños y adolescentes todavía se están desarrollando muchas capacidades relacionadas con la regulación emocional, la empatía, el autocontrol, la conducta social y la construcción de identidad. Precisamente por eso la respuesta educativa tiene una oportunidad que no debería desperdiciarse.
La sanción establece un límite y tiene una función clara: determinadas conductas tienen consecuencias. Pero una consecuencia, por sí sola, no enseña necesariamente otra manera de actuar.
Un menor puede aprender que acosar implica ser expulsado de un centro y, sin embargo, no haber entendido todavía qué hace cuando necesita imponerse, cómo interpreta una provocación, por qué necesita dominar determinadas relaciones o qué alternativas tiene para manejar el conflicto sin humillar a otro.
Separar primero, intervenir después
Quizá la discusión no debería plantearse como una elección entre castigar o ayudar al agresor. Son objetivos distintos. Primero hay que proteger a quien está sufriendo el daño y detener la conducta. Después hay que trabajar sobre aquello que la mantiene.
Eso exigiría intervenciones más intensivas e individualizadas en los casos graves: evaluación psicológica y educativa, trabajo con la familia, seguimiento durante el cambio de centro, entrenamiento en regulación emocional y resolución de conflictos, revisión de creencias que justifican la agresión y supervisión de cómo establece nuevas relaciones. En determinados casos también puede ser necesario intervenir sobre dificultades más amplias de conducta, problemas familiares, experiencias de violencia o trastornos psicológicos, cuando realmente existan.
Y hay otro elemento esencial: el grupo. El acoso rara vez ocurre exclusivamente entre dos personas. Necesita un contexto en el que hay observadores, apoyos, silencios, jerarquías y recompensas sociales. Por eso intervenir únicamente sobre víctima y agresor puede dejar intacto parte del sistema que permitió que la conducta prosperase.
La nueva medida andaluza resuelve una cuestión importante: quien ha sufrido el acoso no debería pagar además el precio de marcharse. Pero puede ser también una oportunidad para plantear una segunda cuestión más difícil.
¿Qué sucede con el menor que se marcha?
Porque proteger a la víctima exige separación cuando es necesaria. Prevenir la siguiente víctima exige algo más: conseguir que el comportamiento que provocó esa separación no encuentre simplemente un nuevo escenario.
